Gobierno y Patrulla Fronteriza enfrentan posibles demandas legales
En Minnesota, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, ha abierto una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, incluido el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, por presunta mala conducta durante una serie de redadas migratorias. Durante una conferencia de prensa, Moriarty reveló que su oficina ya analiza 17 casos, entre ellos uno ocurrido el 21 de enero, cuando Bovino lanzó una lata de gas lacrimógeno contra manifestantes. Otro incidente, registrado el 7 de enero, involucró a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria y utilizaron irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal educativo. Con tono firme, la fiscal advirtió: *”Que no quede duda: no tememos a esta batalla legal y estamos decididos a actuar con justicia. La Operación Metro Surge dejó un daño incalculable en nuestra comunidad”*.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se hizo esperar. En un comunicado emitido la noche del lunes, la dependencia federal defendió la inmunidad de sus agentes, argumentando que los estados carecen de autoridad para procesarlos. *”Lo que estos estados intentan hacer es ilegal, y lo saben”*, señaló el texto. *”Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones están protegidos por la ley estatal”*. Además, el DHS sugirió que las acciones de las autoridades locales podrían poner en riesgo la seguridad de los agentes. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Bovino tras los intentos por contactarlo.
Bovino, una figura clave en las operaciones migratorias durante el gobierno de Donald Trump, ha sido señalado por implementar tácticas agresivas en redadas realizadas en Minneapolis-St. Paul, Chicago y Los Ángeles. En la ciudad de los vientos, por ejemplo, los agentes federales recurrieron con frecuencia a irritantes químicos para dispersar multitudes en barrios residenciales, una práctica que llevó a un juez a ordenar que Bovino portara una cámara corporal y se presentara diariamente ante el tribunal para rendir cuentas sobre las acciones de su equipo. Sin embargo, esa medida fue revocada antes de que el funcionario cumpliera con su primera comparecencia obligatoria.
Los métodos empleados por Bovino y su equipo han generado controversia, especialmente en situaciones donde los agentes adoptaron un enfoque particularmente enérgico para contener a manifestantes. Testigos y organizaciones de derechos humanos han documentado casos en los que las intervenciones federales escalaron a niveles desproporcionados, afectando no solo a migrantes, sino también a residentes y transeúntes. La investigación de Moriarty busca determinar si estas acciones violaron leyes estatales, un esfuerzo que, de prosperar, podría sentar un precedente en la relación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.
Mientras tanto, el debate sobre los límites de la inmunidad de los agentes federales cobra fuerza. Expertos en derecho constitucional señalan que, aunque la ley otorga cierta protección a los funcionarios que actúan en el marco de sus funciones, existen excepciones cuando se cometen abusos de poder. La fiscal Moriarty parece dispuesta a poner a prueba esos límites, en un contexto donde las comunidades afectadas exigen rendición de cuentas. Por ahora, el caso sigue en desarrollo, pero el mensaje de la fiscalía de Hennepin es claro: no habrá impunidad para quienes, en nombre del orden, hayan cruzado la línea.
