“Arévalo exige a EE.UU. transparencia en proceso judicial ante la Corte”
Guatemala vive horas decisivas en su sistema de justicia, con una tensión política que amenaza con profundizar la crisis institucional que arrastra el país desde hace años. Este martes, el presidente Bernardo Arévalo reveló que mantiene consultas con autoridades de Washington tras recibir información preocupante: la embajada de Estados Unidos en Guatemala estaría presionando para que se elijan como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) a figuras con cuestionados historiales, entre ellas el actual magistrado Roberto Molina Barreto y la fiscal general Consuelo Porras, ambos señalados por su cercanía con intereses oscuros y sancionados internacionalmente.
Molina Barreto, conocido por fallos polémicos que, según sus críticos, han beneficiado a narcotraficantes y pandilleros, fue incluso candidato a vicepresidente en la fórmula de Zury Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt. Por su parte, Porras ha sido sancionada tanto por el Departamento de Estado estadounidense como por la Unión Europea por su papel en el debilitamiento de la democracia guatemalteca, incluyendo acciones que obstaculizaron las elecciones de 2023 y la toma de posesión de Arévalo en enero pasado.
En un mensaje dirigido a la Corte Suprema de Justicia y a los diputados del Congreso, el mandatario hizo un llamado urgente a “votar con responsabilidad y dignidad”, subrayando que el país necesita poner fin a la corrupción y al crimen organizado que, según denuncia, han infiltrado las instituciones judiciales. Sin embargo, el panorama en el Legislativo no es alentador: varios diputados de derecha, algunos de ellos sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con la corrupción, han manifestado abiertamente su apoyo a los candidatos señalados por Arévalo, lo que augura una batalla política en la sesión prevista para este martes, donde se elegirán los nuevos magistrados.
La renovación de la Corte de Constitucionalidad es solo una parte de un proceso más amplio que este año transformará el rostro del sistema de justicia guatemalteco. En total, se elegirán 10 magistrados titulares y suplentes de la CC, el fiscal general, cinco jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el contralor general de Cuentas y el rector de la Universidad de San Carlos (USAC). No obstante, son los cambios en la CC y la Fiscalía General los que han encendido las alarmas de la comunidad internacional, pues estos cargos tienen un peso determinante en la estabilidad democrática del país.
La Corte de Constitucionalidad, en particular, es un órgano clave: sus decisiones son inapelables y no existe un mecanismo de control sobre sus fallos. Según la Constitución, sus integrantes deben ser propuestos por el presidente, la Corte Suprema, el Congreso, la USAC y el Colegio de Abogados, pero en la práctica, el proceso ha estado marcado por acuerdos políticos y presiones de grupos de poder. La OEA y la Unión Europea han desplegado misiones de observación para monitorear las elecciones, exigiendo transparencia y la selección de candidatos idóneos, aunque hasta ahora sus advertencias parecen haber caído en saco roto.
El escenario actual refleja la profunda polarización que atraviesa Guatemala, donde sectores tradicionales de la política y el empresariado han intentado frenar las reformas impulsadas por Arévalo, un sociólogo de izquierda que llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo, consciente de que la designación de magistrados afines a intereses espurios podría perpetuar la impunidad y debilitar aún más las instituciones. En un país donde el narcotráfico, las pandillas y la corrupción han erosionado la confianza en el Estado, la elección de estos cargos no es solo un trámite burocrático, sino un termómetro de hacia dónde se dirige Guatemala: si hacia la recuperación democrática o hacia un nuevo capítulo de crisis institucional.
