En Minnesota, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, ha abierto una investigaci\u00f3n que podr\u00eda llevar a cargos penales contra agentes federales, incluido el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, por presunta mala conducta durante una serie de redadas migratorias. Durante una conferencia de prensa, Moriarty revel\u00f3 que su oficina ya analiza 17 casos, entre ellos uno ocurrido el 21 de enero, cuando Bovino lanz\u00f3 una lata de gas lacrim\u00f3geno contra manifestantes. Otro incidente, registrado el 7 de enero, involucr\u00f3 a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria y utilizaron irritantes qu\u00edmicos en un \u00e1rea donde hab\u00eda estudiantes y personal educativo. Con tono firme, la fiscal advirti\u00f3: *”Que no quede duda: no tememos a esta batalla legal y estamos decididos a actuar con justicia. La Operaci\u00f3n Metro Surge dej\u00f3 un da\u00f1o incalculable en nuestra comunidad”*.<\/p>\n
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s) no se hizo esperar. En un comunicado emitido la noche del lunes, la dependencia federal defendi\u00f3 la inmunidad de sus agentes, argumentando que los estados carecen de autoridad para procesarlos. *”Lo que estos estados intentan hacer es ilegal, y lo saben”*, se\u00f1al\u00f3 el texto. *”Los funcionarios federales que act\u00faan en el ejercicio de sus funciones est\u00e1n protegidos por la ley estatal”*. Adem\u00e1s, el DHS sugiri\u00f3 que las acciones de las autoridades locales podr\u00edan poner en riesgo la seguridad de los agentes. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta de Bovino tras los intentos por contactarlo.<\/p>\n
Bovino, una figura clave en las operaciones migratorias durante el gobierno de Donald Trump, ha sido se\u00f1alado por implementar t\u00e1cticas agresivas en redadas realizadas en Minneapolis-St. Paul, Chicago y Los \u00c1ngeles. En la ciudad de los vientos, por ejemplo, los agentes federales recurrieron con frecuencia a irritantes qu\u00edmicos para dispersar multitudes en barrios residenciales, una pr\u00e1ctica que llev\u00f3 a un juez a ordenar que Bovino portara una c\u00e1mara corporal y se presentara diariamente ante el tribunal para rendir cuentas sobre las acciones de su equipo. Sin embargo, esa medida fue revocada antes de que el funcionario cumpliera con su primera comparecencia obligatoria.<\/p>\n
Los m\u00e9todos empleados por Bovino y su equipo han generado controversia, especialmente en situaciones donde los agentes adoptaron un enfoque particularmente en\u00e9rgico para contener a manifestantes. Testigos y organizaciones de derechos humanos han documentado casos en los que las intervenciones federales escalaron a niveles desproporcionados, afectando no solo a migrantes, sino tambi\u00e9n a residentes y transe\u00fantes. La investigaci\u00f3n de Moriarty busca determinar si estas acciones violaron leyes estatales, un esfuerzo que, de prosperar, podr\u00eda sentar un precedente en la relaci\u00f3n entre autoridades locales y federales en materia migratoria.<\/p>\n
Mientras tanto, el debate sobre los l\u00edmites de la inmunidad de los agentes federales cobra fuerza. Expertos en derecho constitucional se\u00f1alan que, aunque la ley otorga cierta protecci\u00f3n a los funcionarios que act\u00faan en el marco de sus funciones, existen excepciones cuando se cometen abusos de poder. La fiscal Moriarty parece dispuesta a poner a prueba esos l\u00edmites, en un contexto donde las comunidades afectadas exigen rendici\u00f3n de cuentas. Por ahora, el caso sigue en desarrollo, pero el mensaje de la fiscal\u00eda de Hennepin es claro: no habr\u00e1 impunidad para quienes, en nombre del orden, hayan cruzado la l\u00ednea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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